Autor: Marina Goñi Aguilar
Un informe de 2021 del Instituto Nacional de Estadística sitúa el riesgo de exclusión social de la Comunidad de Madrid en un 21,1%. La pobreza con carencia material severa se sitúa en el 6%, ya que sólo se consideran de pobreza extrema aquellos casos en los que la renta anual no supera los 6.417€. Así mismo, un estudio de la EAPN revela que el 34% de la población española no puede permitirse ir de vacaciones una semana al año, y que un desolador 42% tiene dificultades para llegar a fin de mes. Sin embargo, estos datos no son válidos cuando hablamos de la población gitana del país.
Carolina e Irene son dos trabajadoras sociales que junto a Vanesa y Natalia trabajan para la Asociación de mujeres Españolas Gitanas Romi Serseni, con sedes en Leganés y Avenida de Orcasur, 32, en Madrid Capital.
Al hablar con ellas, lo primero que recalcan es que esos índices de riesgo de exclusión social y pobreza se duplican o triplican en la comunidad gitana. Existe actualmente una fuerte exclusión residencial en la que los desahucios están a la orden del día. En estos casos, algunas instituciones gubernamentales y los propios Servicios Sociales relegan la responsabilidad de amparar a estas personas en Asociaciones como Romi Serseni, encontrándose en ocasiones desbordadas. Lo primero que pone en valor el equipo de Trabajo Social de la asociación es que incluso dentro de la propia comunidad existe una brecha de género. La triple discriminación que sufren ellas es la de ser mujeres, ser racializadas y, además, sufrir violencia económica.
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“Para que te hagas una idea, la realidad que sufren estas mujeres es comparable a la que vivían las payas aquí hace cincuenta años”.
Esto implica una serie de cuestiones sociales, culturales, políticas y económicas que impiden en muchos casos hechos tan trascendentales como tener acceso a recursos y bienes básicos, acceso a una educación básica y obligatoria, conseguir un sentimiento de pertenencia a un grupo más allá de su propia etnia, o simplemente poder acudir a las instituciones públicas para recibir algún tipo de ayuda.
Por un lado, existe un factor cultural por el cual, a día de hoy y en la gran mayoría de los casos, los hombres abandonan sus estudios para incorporarse a la vida laboral desde temprana edad y las mujeres para contraer matrimonios concertados por las familias y dedicarse al hogar. Un hogar en el que no existe corresponsabilidad y no les permite siquiera ponerse unas metas educativas o profesionales. Es cierto que, cada vez más, mujeres mayores de 35 años acuden a estas asociaciones con intención de retomar su educación o conseguir que sus hijos e hijas puedan terminar sus ciclos educativos. El absentismo escolar es un problema a nivel nacional, pero por una serie de circunstancias es una práctica que se da más entre familias gitanas. No obstante, no se puede mencionar el abandono escolar sin hacer referencia a la exclusión que sufren los alumnos y alumnas gitanas dentro de los centros escolares. Si bien muchas personas gitanas tienen reticencias a escolarizar a sus hijos por una cuestión de valores, muchas veces son el propio centro, el profesorado y los alumnos los que imposibilitan la integración de los niños. Prácticas desde el aislamiento de alumnos es clases “reservadas” a gitanos hasta sufrir actitudes discriminatorias que desde luego no facilita que los alumnos quieran seguir estudiando, provocando lógicamente, fracaso escolar.
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Generalmente los alumnos gitanos no terminan la ESO. Cuando empiezan a formar su identidad y a tomar conciencia de su situación en comparación a la de los compañeros de clase – como por ejemplo observando que ellos no tienen el mismo acceso al material escolar – no logran el sentimiento de pertenencia al grupo y muchas veces ellos mismos empiezan a sentirse incómodos, a veces por vergüenza. Esto, una vez más, salpica a las mujeres, que son quien lleva a cabo la crianza de los hijos y la conciliación familiar. Por supuesto, esto deriva en unas cifras de desempleo desorbitadas.
En cuestiones de violencia de género la situación no es mejor. Tal y como dicen las Trabajadoras de Romi Serseni, en muchos casos la comunidad gitana vive “alejada de la ley y los registros”, por lo que es difícil contabilizar y estudiar los casos de maltrato en estas comunidades. La mayoría de víctimas sufren esta violencia en silencio y no recurren a las autoridades tanto por el abandono institucional como por la propia cultura.
Cuando una mujer es víctima tiende a hablar con la propia familia de su marido o con la autoridad intrafamiliar pertinente. Es un asunto de carácter privado que pocas veces llega a tener visibilidad o repercusión en las instituciones públicas. Por ello se encuentran totalmente desamparadas en algunas ocasiones.
Llegados a este punto es preciso preguntarse ¿El marginado lo es por sí mismo o es la sociedad la que le margina?
A pesar de tratarse de un proceso de integración muy lento y difícil desde todos los puntos de vista, hay algo que podemos hacer como especializados en comunicación social. Los medios de comunicación fomentan a menudo la estigmatización ya existente de esta comunidad a través de titulares. Se visibilizan las conductas criminales – por supuesto siempre recalcando el origen étnico de la persona – mientras que se invisibilizan las acciones positivas. No se cuentan. Y al no contarse, inconscientemente las borramos del imaginario colectivo.
Muchas de estas personas no encuentran un referente a nivel académico o profesional y eso incide directamente en los índices de fracaso.
Por ello, es necesario arrojar luz sobre este tipo de realidades diversas que existen en España. Solo a través de la concienciación, deconstrucción, autocrítica, visibilización, cooperación y atención integral tanto desde la sociedad como de las instituciones se puede lograr una mejora en la vida cotidiana de esta comunidad.
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